El Ayuntamiento de Sagunto instará al Gobierno a que se anule la indemnización por el proyecto Castor

El proyecto Castor es el depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo, propiedad de la empresa Escal UGS. Este proyecto comenzó sus operaciones en mayo de 2012, y fue creado para suplir la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. Constan de una planta marítima y otra terrestre situada en plena zona de cultivos de regadío próximos a la costa, a escasos dos kilómetros de distancia de zonas urbanizadas en la costa norte de Vinaròs y en el municipio de Alcanar (Tarragona).

Desde mediados de septiembre de 2013 se han producido centenares de terremotos, en la zona donde el proyecto Castor estaba inyectando gas. El 1 de octubre se produjo un seísmo de 4,2 en la escala de magnitud causando la alarma en las poblaciones próximas al depósito. Según la empresa, los trabajos de inyección de gas se paralizaron en septiembre después de los primeros temblores. Fue entonces cuando UGS reconoció que los terremotos podían estar vinculados al proyecto Castor, tal y como apunta la moción.

Tras la investigación abierta por la Fiscalía de Castellón para aclarar si el proyecto Castor estaba relacionado con los seísmos registrados en la zona, numerosos informes han demostrado la relación directa con los seísmos que se produjeron en el norte de Castellón y el sur de Tarragona.

Un nuevo informe del Massachusetts Institute of Technology alerta de que la plataforma representa un peligro y recomienda el cierre. En cambio, el Gobierno sigue pensando en mantenerlo en estado de hibernación, tal y como está desde 2013, en lugar de cerrarlo definitivamente, según recoge la moción presentada por EU.

En este sentido, la propuesta alerta del peligro y los riesgos que pueden suponer las actividades que, en un futuro, podrían llegar a retomarse. Es por ello que, en primer lugar, el Ayuntamiento de Sagunto instará al Gobierno a que tome medidas legales contra la empresa responsable y que se anule la indemnización que se le pagó, además de solicitar que el Gobierno continúe y emprenda las acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, por los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén de gas natural CASTOR.

Asimismo, la propuesta recoge solicitar al Gobierno a realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que ha sufrido la ciudadanía de Terres de l’Ebre, Tarragona y el Baix Maestrat de Castellón como consecuencia de los terremotos sufridos a efecto de realizar las reclamaciones que correspondan. 

Por otro lado, se instará al Ministerio de Energía el cierre y desmantelamiento definitivo de este proyecto, sin costes para las arcas públicas (después de consultar con el Instituto Geológico y Minero de España).