La Corporación Municipal acuerda expresar la solidaridad del Ayuntamiento de Sagunto con el pueblo de Ceuta

El Pleno Municipal ha acordado “expresar la solidaridad del Ayuntamiento de Sagunto con el conjunto del pueblo de Ceuta, con todas las personas que viven en la ciudad y con quienes están contribuyendo desde los servicios públicos, las entidades sociales y la sociedad civil a recuperar la normalidad y la convivencia”. La corporación también “manifiesta el recuerdo y reconocimiento institucional a las 141 personas que han perdido la vida intentando cruzar la frontera, trasladar las condolencias a sus familias y defender que la vida, la dignidad y los derechos humanos ocupen el centro de toda política migratoria”. Asimismo, condena “la instrumentalización de las personas migrantes como mecanismo de presión política o geopolítica e instar al Gobierno de España a exigir al Reino de Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el respeto de los derechos humanos y el abandono de cualquier estrategia dirigida a condicionar las decisiones soberanas de España mediante la utilización de movimientos migratorios”.

Además, el Consistorio “insta al Gobierno de España y a las instituciones de la Unión Europea a revisar el modelo de externalización del control de fronteras y avanzar hacia una política migratoria y de asilo común basada en los derechos humanos, la responsabilidad compartida, la cooperación y unas políticas públicas dignas de acogida”. También insta “al Gobierno de España a garantizar una respuesta humanitaria rápida y suficiente, reforzar los recursos destinados a Ceuta y facilitar los traslados a la península necesarios para aliviar la presión sobre la ciudad, continuando desde allí, de forma individualizada y con todas las garantías, los procedimientos legales de protección internacional, acogida, reagrupación familiar, retorno o expulsión que correspondan”.

Según el texto citado, el Ayuntamiento “insta al Gobierno de España y a todas las comunidades autónomas a establecer y cumplir mecanismos estables de corresponsabilidad territorial para la acogida, atención y protección de las personas migrantes y, especialmente, de los niños, niñas y adolescentes sin protección familiar, garantizando recursos económicos y materiales suficientes y la aplicación efectiva del interés superior del menor”.

Por otro lado, rechaza “las devoluciones automáticas o sin garantías y reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Sagunto con el derecho de asilo, el principio de no devolución, la atención individualizada y el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y protección de la infancia”. Y “condena los discursos racistas, xenófobos y antiinmigración, así como cualquier intento de criminalizar a las personas migrantes o utilizar políticamente esta crisis para enfrentar territorios, deteriorar la convivencia u obtener rédito electoral”.

El texto también recoge “rechazar el uso partidista de la Federación Española de Municipios y Provincias y manifestar el desacuerdo con las decisiones adoptadas unilateralmente por su Presidencia en relación con Ceuta, solicitando que rectifique y someta cualquier actuación institucional a sus órganos de gobierno, al diálogo y al consenso entre los grupos representados”.

Por último, se ha acordado “dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al Ministerio de Juventud e Infancia, a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la Comisión Europea, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Embajada del Reino de Marruecos en España”.

La moción fue presentada por EU - Unides Podem y defendida por su concejal Roberto Rovira. El texto se aprobó con los votos a favor de PSOE, Iniciativa Porteña, Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem. El PP se abstuvo y Vox votó en contra.

La situación vivida en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el pasado 30 de julio constituye una crisis humanitaria, migratoria, social e institucional de extraordinaria gravedad. La presión sufrida por una ciudad fronteriza de reducida extensión territorial ha afectado a su vida cotidiana, a sus servicios públicos y a la convivencia, y exige una respuesta coordinada del conjunto de las administraciones públicas españolas y de la Unión Europea.

Esta crisis ha tenido, además, una dimensión trágica. Un total de 141 personas han perdido la vida intentando cruzar la frontera. No son una cifra, sino vidas truncadas que merecen memoria, dignidad y reconocimiento. Sus muertes representan un fracaso colectivo y obligan a situar la protección de la vida y los derechos humanos en el centro de cualquier política migratoria.

Las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional y los niños, niñas y adolescentes sin protección familiar no pueden ser convertidos en instrumentos al servicio de los intereses de ningún Estado. Debe condenarse con firmeza cualquier utilización de los movimientos migratorios como mecanismo de presión política o geopolítica. Lo ocurrido exige señalar la responsabilidad del Gobierno de Marruecos, reclamarle el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y exigir el abandono de cualquier estrategia que utilice a personas vulnerables para condicionar las decisiones soberanas de España.

La situación de Ceuta también evidencia las contradicciones del modelo de externalización de fronteras desarrollado durante años por la Unión Europea. Delegar una parte esencial del control fronterizo en terceros Estados, sin garantías suficientes de respeto a los derechos humanos, genera relaciones de dependencia y facilita que las personas migrantes sean utilizadas como instrumento de presión. Europa necesita una política migratoria propia basada en los derechos humanos, la responsabilidad compartida y unas políticas públicas dignas de acogida.

La protección de las fronteras y el cumplimiento de la legalidad deben ser siempre compatibles con el derecho de asilo, el principio de no devolución, la atención individualizada y las obligaciones internacionales asumidas por España. No todas las personas pueden ser devueltas de manera inmediata o automática. Las solicitudes de protección internacional, los procedimientos relativos a menores, la reagrupación familiar y, cuando legalmente procedan, los retornos o expulsiones deben tramitarse individualmente y con todas las garantías.

La situación de los niños y niñas migrantes requiere una posición especialmente clara. Son menores con derechos y no pueden convertirse en objeto de confrontación política ni en moneda de cambio entre administraciones. Su interés superior debe presidir toda decisión pública. La protección de la infancia no puede depender del territorio al que haya llegado ni de la voluntad política de cada gobierno autonómico.

Ceuta no puede asumir por sí sola esta responsabilidad. La solidaridad debe traducirse en recursos, traslados a la península y mecanismos estables de corresponsabilidad entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las entidades locales. Aliviar la presión sobre Ceuta, utilizando los recursos de acogida disponibles y continuando desde la península los procedimientos legales correspondientes, es también defender a Ceuta y su convivencia.

Debe reconocerse asimismo la respuesta solidaria de la sociedad civil ceutí, de sus asociaciones vecinales, entidades sociales, trabajadores y trabajadoras y servicios públicos. Frente a esa respuesta democrática, resulta necesario rechazar cualquier intento de criminalizar a las personas migrantes, alimentar el racismo o la xenofobia o utilizar esta emergencia para obtener rédito electoral. Hay que confrontar con quienes utilizan a las personas como instrumento de presión, no con quienes necesitan atención y protección.