La consulta vecinal en los diseminados de La Pinada-Pla del Bou arroja un 21 % de apoyo a la urbanización
De los 237 propietarios afectados de la zona a los que se ha consultado, solamente 50 personas se han mostrado a favor de esta actuación
Con este trabajo coordinado se ha conseguido regularizar un 28 % de los enganches fraudulentos a la red municipal

La Policía Local de Sagunto y Aigües de Sagunt S.A. llevan a cabo un operativo conjunto desde julio de 2022 para garantizar el correcto uso de la red de agua potable y corregir irregularidades en el suministro en distintas zonas del municipio. Gracias a esta actuación coordinada, se ha logrado regularizar un 28 % de los casos detectados, minimizando la conflictividad asociada a estas conexiones ilegales.
Por un lado, se actúa en inmuebles conectados de forma ilegal a la red municipal de agua, ya que no consta que se haya contratado nunca el suministro por lo que se hace un uso indebido del servicio de agua potable.
Por otro lado, también se interviene en aquellos casos en los que se acumulan varias facturas impagadas del servicio contratado, generando una deuda elevada. Como último trámite al no contestar ni atender a los sucesivos avisos y notificaciones, se ejecuta el corte de suministro por falta de pago.
“Es fundamental trabajar coordinadamente para evitar que se produzcan este tipo de situaciones. La Policía Local ha estado desarrollando una importante labor, junto con Aigües de Sagunt, para investigar cada caso y actuar ante los incumplimientos legales, especialmente, las conexiones a la red sin haber contratado el suministro", ha manifestado la concejala de Policía Local, María José Carrera.
La edila del Ayuntamiento de Sagunto también ha añadido: "La intervención de la Policía Local es clave para prevenir conflictos y facilitar que muchas de estas situaciones puedan regularizarse, como demuestra que cerca del 28 % de las actuaciones hayan terminado en una normalización del suministro. El objetivo no es sancionar, sino proteger el servicio público y evitar el consumo fraudulento que perjudica al conjunto de la ciudadanía”.
De los 237 propietarios afectados de la zona a los que se ha consultado, solamente 50 personas se han mostrado a favor de esta actuación
El encargo es por un plazo de un año con opción de prórroga y el presupuesto roza los 500.000 € anuales
La declaración institucional tiene como objetivo establecer este servicio sanitario en una ubicación en la que el centro de salud pueda ser ampliado